De forma continuada desde 2006 a 2011 la Seguridad Social ha
exigido a las Mutuas la devolución de 142 millones por gastos irregulares. UGT
denuncia lo que no funciona; la estructura del sistema de Mutuas Laborales como
entidades colaboradoras de la Seguridad Social.
Facturar sí facturan: viajes, remuneraciones elevadísimas para sus
gerentes en algunos casos con salarios de seis cuantiosas cifras, que están
entre los más altos del sistema español. Esto cuestiona que son entidades sin
ánimo de lucro, la entidad no lo tendrá, pero sus gerentes no parecen compartir
personalmente este criterio. El accidente de trabajo tiene una cotización
específica que deben pagar los empresarios, y como sistema regulado tiene unas
tarifas específicas en función del riesgo, exigimos
que se garantice la no mercantilización de este sistema por lo tanto, más
control y transparencia.
Algo falla, la seguridad social en 5 años perdió 142 millones,
alguna mutua quiere abonar la deuda sin intereses en 50 años. Aunque es injusto
generalizar, máxime cuando desde la Administración, como hemos visto en otros
ámbitos no siempre actúa con la diligencia esperada.
Mientras
todo esto ocurre, las mutuas persiguen al trabajador, con una política de
contención de gasto en perjuicio de la salud, vienen incluso cuestionando los
accidentes laborales, sometiendo a interrogatorios indecentes a los
trabajadores y trabajadoras que son víctimas del accidente laboral, indicando
unas cifras de absentismo y accidentes que no se corresponden con la realidad. Los
intereses de las mutuas confrontan con la salud de los trabajadores,
probablemente inducidas por la Seguridad Social, que establece como medida de
eficacia de las Mutuas las cuantías en concepto de retorno de cuotas a la
Seguridad Social; órgano de la Administración del Estado que defiende no subir
las cuotas a los empresarios, cuando la cuota es a todas luces insuficiente
para sumir la prestación con garantías por parte de la Mutua; es lo que está
ocurriendo en estos momentos con la gestión de las contingencias comunes, en la
que se obliga a la Mutuas a tirar de los fondos dotados para accidentes.
Empujando a las mutuas a las malas prácticas para su propia supervivencia. En
algunos casos precipitando altas médicas, para reducir el gasto o transfiriendo
directamente la atención a la seguridad social.
El R.D. 231/2017, de 10 marzo, por el que se regulaba el
establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones a las empresas
que hubieran disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral,
incentiva a empresas y mutuas eliminando los controles que se establecían en la
anterior normativa. UGT advierte de que las empresas podrán reducirse un 5% del
importe de la cuota por contingencias profesionales sin llevar a cabo
actuaciones de ningún tipo para evitar o reducir la siniestralidad laboral o,
incluso a pesar de incumplir la normativa en materia de prevención de riesgos
laborales. Resulta más que evidente que se trata de una normativa destinada
exclusivamente a la financiación de empresas y mutuas. En este contexto, UGT estudiará
las posibles actuaciones contra este Real Decreto.
Que el
sistema de mutuas se siga incentivando solo tiene una explicación los problemas
estructurales del sistema español que provocan una merma en los derechos de los
trabajadores. Debemos reclamar lo que es nuestro, un sistema integral,
transparente y universal de gestión del sistema de seguridad social, sin
intermediarios. Debemos revisar el sistema exigiendo otros modelos de
participación a semejanza de lo que existe en otros países europeos, donde los
trabajadores participan en la gestión.
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