La reforma fiscal aprobada hoy por el Gobierno en Consejo de Ministros no es la que necesita este país. Tiene un claro tinte electoralista, por lo que lanza un mensaje de rebaja de impuestos, pero no aborda un cambio de fondo del sistema tributario sino que consolida muchos de sus problemas, como la diferencia de trato entre las rentas del trabajo y del capital, y beneficia a los que más tienen. La Unión General de Trabajadores reclama la apertura de un proceso de diálogo social sobre esta reforma. Nuestro país necesita un sistema que garantice más recaudación de forma estable para atender los compromisos sociales y financieros que requiere una economía avanzada; un sistema más justo, que aumente las aportaciones del capital y de quienes poseen más riqueza y reduzca la de aquellos que menos ingresos tienen; y atacar con decisión el fraude y la elusión, que están minando la recaudación y la justicia de los impuestos.
La reforma fiscal integral que ha aprobado el Consejo de Ministros sigue la filosofía de la planteada en el Informe de los Expertos que el propio gobierno encargó, como era de esperar, así como la derivada de las recomendaciones de la Comisión Europea y demás organismos internacionales responsables de la actual política de austeridad que han agravado la crisis y sus consecuencias para las personas. Sin embargo, contiene muchos menos cambios de los propuestos por la Comisión y dichas instituciones internacionales. Y esto es así no porque el gobierno no comparta la mayoría de ellas ni los objetivos de las mismas, sino porque ha preferido priorizar sus intereses electorales en las citas municipales y autonómicas de 2015 y generales de 2016.
El ejecutivo, amparado en el impacto positivo que, según sus estimaciones, tendrán los ingresos en los próximos años como consecuencia del repunte de la actividad (un escenario que resulta cuanto menos dudoso y que no está exento de importantes riesgos), ha decidido priorizar en esta reforma las medidas de rebaja en los impuestos directos (IRPF e Impuesto sobre Sociedades), para trasladar a la ciudadanía el mensaje de bajada de impuestos que considera le reportará más réditos electorales.
De nuevo, como en la etapa expansiva anterior, este gobierno pone los intereses del país al servicio de los suyos particulares. La política tributaria vuelve a utilizarse como arma electoral, y no como instrumento para mejorar las capacidades de desarrollo del país y de reducción de desigualdades. Una estrategia nefasta, que ha sido la que provocó la debacle de nuestros ingresos cuando la crisis se hizo patente con todas sus consecuencias y, por tanto, responsable en gran medida de nuestro agujero fiscal. Está por ver la reacción de la Comisión Europea ante esta reforma, que pone en serias dudas el cumplimiento de los actuales objetivos de déficit. Salvo que el gobierno esté barajando la aplicación de nuevos y elevados recortes, inasumibles socialmente.
Por supuesto, esta reforma no recoge las reivindicaciones que la Unión General de Trabajadores planteó al gobierno en la reunión celebrada el pasado martes 17 con el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. El ejecutivo ha elaborado su propuesta de reforma fiscal sin contar con los interlocutores sociales (al menos no con este sindicato). Es imprescindible que los interlocutores sociales participen activamente en el diseño de los cambios fiscales que se piensan aplicar, en coherencia con el compromiso adquirido personalmente por el Presidente del Gobierno el 18 de marzo de este año, y que se recoge en el comunicado conjunto que, tras la reunión, emitieron el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en representación del Gobierno, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, y los sindicatos UGT y CCOO.
En el mismo se recoge expresamente que “El gobierno se ha comprometido a promover el diálogo con los agentes sociales en materia de reforma fiscal”. Sin embargo, ese supuesto diálogo se ha concretado en esta única reunión de carácter informativo, en la que el gobierno no entregó ningún documento, y a tan solo tres días de que el texto fuera aprobado por el Consejo de Ministros. Esperamos que a partir de ahora el Gobierno abra un verdadero proceso de diálogo sobre esta materia, que para UGT es crucial.
Con relación a las líneas maestras de la reforma propuesta por el gobierno, equivocan prioridades y tergiversan deliberadamente mensajes. La reforma planteada no solo no aumentará la capacidad recaudatoria de nuestro sistema impositivo, sino que probablemente la reducirá. Nuestro país recauda 7,9 puntos de PIB menos que la media de la zona euro (32,5% frente a 40,4%, con datos de 2012 que Eurostat acaba de publicar hace unos días), y es el quinto país por la cola de toda la UE en recaudación relativa. Eso impide llevar a cabo las políticas económicas y sociales necesarias para dotar a España de un modelo de crecimiento equilibrado y sostenible y un estado de bienestar amplio y sólido. España no necesitaba una reforma para “pagar menos”, sino para “pagar más en término agregados y de forma más justa en términos individuales”.
Resulta sintomático que a la vez que el gobierno consolida la fragilidad recaudatoria de nuestro sistema, proceda a vender el 49% de una empresa pública estratégica como AENA. Ello demuestra que esta reforma, como todas las que ha venido llevando a cabo en otros ámbitos desde que accedió al poder, obedece a una voluntad de transformar nuestro modelo socioeconómico para ceñirlo al ideario neoliberal y conservador que defiende, y que pasa por lograr un menor tamaño del Estado y menos intervención pública, derivando rentas del sector público al privado a costa de empeorar los servicios esenciales para la ciudadanía y la capacidad de corregir las disfunciones que genera una actuación desregulada de los mercados.
La reforma muestra una clara tendencia a disminuir los impuestos directos, que son capaces de tener en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes, y aumentar los indirectos y las tasas, que perjudican en mayor medida a quienes poseen menos capacidad económica, conformando un modelo más regresivo e injusto. Con la excusa de potenciar la neutralidad de los impuestos y aumentar la competitividad, el gobierno sacrifica otros objetivos de mayor rango, como la suficiencia o la equidad. En este sentido, la rebaja del IRPF beneficiará más a aquellos que más capacidad de pago tienen.
Aunque es preciso hacer un análisis detallado del contenido de la reforma para valorar de forma específica sus cambios, sí cabe hacer alguna consideración sobre alguna de sus medidas concretas:
IRPF:
La reducción de los tipos en todos los tramos no es una medida adecuada, máxime en una situación como la actual de España, en la que necesita recursos para atender sus compromisos financieros y presupuestarios. Es una actuación negativa por una doble razón: porque va a reducir la recaudación y porque va a favorecer mucho más los que más renta ganan y tributan a los tipos superiores de la tarifa. En suma, va a reducir la progresividad del impuesto y a aumentar la injusticia de sus resultados.
La reforma propuesta mantiene el diferente tratamiento existente desde 1997 para las rentas del trabajo y del capital, tributando las primeras en una tarifa progresiva y las segundas a un tipo único (aunque se aumentó a tres tipos en 2012), cercano al mínimo de la tarifa general. Un régimen muy favorable para los rendimientos del capital, que rompe la equidad el impuesto y supone otra de las principales fuentes de injusticia del mismo. Por eso el IRPF es esencialmente un impuesto sobre las nóminas (las rentas del trabajo suponen más del 80% de la base del impuesto). Para UGT la reforma merece una valoración muy negativa, puesto que consolida esta injusta situación.
Impuesto sobre Sociedades:
La reducción del tipo general de gravamen del Impuesto del 30 al 25 por 100 en dos etapas nos parece una medida inadecuada en estos momentos, en los que se precisa consolidar un sistema potente en términos recaudatorios. Hay que tener en cuenta que esta reducción beneficia sobre todo a las grandes empresas, que son las únicas que en la actualidad están obligadas a tributar por ese tipo general (el 84% de los declarantes del impuesto se acogen al régimen de empresas de reducida dimensión, que fija un tipo del 25% para los primeros 300.000 euros de base imponible).
Por el contrario, y en términos generales, estamos de acuerdo con las medidas dirigidas a aumentar la base del impuesto, de forma que sea lo más parecida posible a los beneficios reales de las empresas, así como a limitar las deducciones. Aunque consideramos que podría haber ido más lejos en esa poda de reducciones fiscales.
Está por ver cuál será el impacto final sobre la recaudación del juego conjunto de ambos movimientos (bajada del tipo máximo y eliminación de reducciones). Pero en todo caso, hasta comprobar la efectividad de las medida adoptadas, sería necesario establecer una “imposición mínima” que garantice un nivel de ingresos públicos cierto como una contribución mínima en función de los beneficios anuales.
En el anteproyecto, el gobierno no ha incluido una subida del tipo general del IVA, ni el paso del tipo reducido al normal de muchos productos, como se había planteado. Esta es una buena noticia, porque los bolsillos de las familias están ya muy castigados y sería dañino para el aún renqueante consumo. Sí ha realizado este paso del tipo reducido al general de determinados servicios sanitarios, como obligaba una Sentencia europea. Pero las continuas presiones por parte de diversos organismos internacionales y nacionales (Comisión, FMI, Banco de España), la merma de ingresos que supondrá la reforma conocida hoy, y las persistente exigencias desde Europa para que el ajuste continúe, llevan a pensar que tarde o temprano el gobierno del PP volverá a subir el tipo general del IVA y pasará más bienes y servicios del ámbito del tipo reducido al normal. Eso mismo hizo en 2011 cuando negó reiteradamente que fuera a subir el IVA, para romper su palabra sin miramientos tras acceder al gobierno.
En definitiva, UGT no comparte esta reforma fiscal, porque enquista la insuficiencia recaudatoria, mantiene los problemas de falta de equidad y reduce la progresividad y justicia del sistema.
La Unión General de Trabajadores apuesta por otra reforma tributaria, de mayor calado, basada en tres ideas clave:
La garantía de suficiencia de recursos para atender las necesidades sociales y las políticas de gasto público.
Un reparto más justo de la carga tributaria entre capital y trabajo.
Una lucha decidida contra el fraude.
Y para ello hemos propuesto cambios en la mayoría de la estructura impositiva, con medidas como:
Dotar a la Agencia Tributaria de los medios humanos, materiales y técnicos necesarios para luchar con mayor efectividad contra el fraude, y agravar el régimen sancionador
En el IRPF, eliminar la doble base (capital-trabajo), eliminar la estimación objetiva y eliminar progresivamente la mayoría de reducciones y deducciones fiscales
Establecer una imposición real sobre la riqueza, con carácter general, que integre todo el patrimonio de los contribuyentes, incluida la vivienda habitual.
En el Impuesto de Sociedades, limitar al máximo las exenciones, deducciones y bonificaciones, garantizar un tipo efectivo mínimo y modificar el régimen fiscal actual de las SICAV
En el IVA, establecer un tipo impositivo ampliado para los bienes de lujo, recuperar el tipo reducido para la cultura y los productos higiénicos de primera necesidad, pasar al tipo superreducido los alimentos que actualmente están en el reducido y eliminar la exención de sanidad y educación privadas
Diseñar una fiscalidad ambiental que nos equipare a Europa, en su vertiente de protección medioambiental como en su capacidad recaudatoria, con criterios de cohesión social y territorial
Aplicar la potencialidad recaudatoria del IBI, eliminando las exenciones y penalizando los inmuebles vacíos, con reducciones en la cuota en atención a la capacidad económica del contribuyente
Gravar de forma homogénea las sucesiones y donaciones en todo el territorio nacional
Establecer un impuesto sobre transacciones financieras
Garantizar una homogeneidad fiscal entre las Comunidades Autónomas
Impulsar la armonización fiscal en la Unión Europea, eliminando los paraísos fiscales
